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¿Qué argumentos presentó la defensa de Rubén Haro Oñate al interponer el
recurso de casación contra la sentencia condenatoria por el delito de
lesiones, y cuál fue la respuesta de la Fiscalía General del Estado?
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- >-
La EERSSA, a través de su Procurador Judicial, cuestiona la idoneidad de
los testigos presentados por la parte demandante, argumentando que no
son imparciales y, por lo tanto, sus testimonios carecen de mérito
probatorio válido. Se señala que estos testigos tienen juicios similares
contra la EERSSA, lo que genera un interés directo en el resultado del
proceso y contraviene el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil,
que exige la idoneidad de los testigos. Respecto a la motivación de la
sentencia, la EERSSA alega que la Sala Laboral de la Corte Nacional de
Justicia incurrió en error al aceptar estos testimonios y ordenar el
pago de indemnizaciones, indicando que la decisión carece de una debida
fundamentación jurídica y fáctica, lo que constituye una violación al
debido proceso y a la seguridad jurídica.
- >-
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia dirimió la competencia a favor del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil. La fundamentación se
basa en que la acción de lesividad es propia de la materia
contencioso-administrativa y está regulada por normativas específicas
como la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Estatuto
del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Se
argumenta que, si bien las multas aduaneras tienen un trasfondo
tributario, la figura jurídica de la lesividad, que permite a la
administración anular sus propios actos declaratorios de derechos cuando
no puede hacerlo por sí misma, está expresamente contemplada en la
normativa administrativa y no en la tributaria. Por lo tanto, el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo es el competente
para conocer y resolver este tipo de controversias, tal como lo dispone
el artículo 10 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y el artículo 97 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, normativas vigentes a la fecha
de presentación de la demanda.
- >-
La defensa de Rubén Haro Oñate fundamentó el recurso de casación
alegando la violación de los artículos 76.7, literales l) y m) de la
Constitución de la República, argumentando que la sentencia carecía de
motivación al no valorar adecuadamente las pruebas de cargo y descargo,
y que la decisión no respondía a los elementos presentados. Se sostuvo
que el procesado no estuvo en el lugar de los hechos el día de la
agresión, aportando pruebas de su ubicación laboral. Por su parte, la
Fiscalía General del Estado respondió que el recurso carecía de los
requisitos formales, específicamente en la identificación de la causal
de casación y la pertinencia de las normas violadas, y que la solicitud
de revaloración probatoria estaba prohibida por el Código de
Procedimiento Penal, solicitando su desestimación por falta de
fundamentación.
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¿Qué tipo de contravención se imputó al señor Néstor Fabián Quilo Campués
en el proceso penal que dio origen a la acción extraordinaria de
protección N°. 1129-21-EP y cuál fue la pena impuesta inicialmente?
sentences:
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso N° 799-21-EP,
decidió inadmitir a trámite las demandas de acción extraordinaria de
protección presentadas por Ana Yessenia Contreras Santos, Josué Gabriel
Grijalva Sandoval, Pablo César Angulo Chichande, Walter Saúd Ortíz
Ramírez, Gissela Elizabeth Campoverde Loaiza, Julio César Niño Tenorio,
Gonzalo Roberto Galiano Hernandez, Rafael Gonzáles Gonzáles, Laura
Mercedes Quintero Orrego, Johanxi Yadira Tigua Oquendo, Luis Ernesto
González Mina, Eduardo Luis Macías Solís, Carlos Antonio Jiménez
Jiménez, Oscar Aníbal Ramírez Valencia y Walter Enrique Nazareno Méndez.
Sin embargo, admitió a trámite las acciones extraordinarias de
protección presentadas por Franklin Hernán Bermeo López, Letty Leonor
Quintero Orrego y Amanda Magaly Olives Garcés, sin que esto implique un
prejuzgamiento sobre el fondo de sus pretensiones. Se dispuso notificar
a la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas
para que remita un informe de descargo.
- >-
La contravención imputada al señor Néstor Fabián Quilo Campués en el
proceso penal N°. 17574-2020-00228 fue la de violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, tipificada en el inciso cuarto del
artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según esta
disposición, la persona que profiera improperios, expresiones en
descrédito o deshonra contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en
casos que no constituyan un delito autónomo, será sancionada con
cincuenta a cien horas de trabajo comunitario y se dispondrá tratamiento
psicológico para agresores y víctimas, además de medidas de reparación
integral. La sentencia condenatoria dictada el 13 de noviembre de 2020
por la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la
Familia de Tumbaco impuso al procesado, en calidad de autor, la pena
principal de setenta horas de trabajo comunitario a servicio del
Municipio de Tumbaco, y el pago de una multa de USD 100 a favor de la
víctima.
- >-
La secuencia procesal iniciada por Pablo Enrique Arteaga Solórzano
comenzó con una acción verbal sumaria por cobro de obligaciones de
tarjeta de crédito. El 12 de abril de 2014, la Unidad Judicial Civil de
Portoviejo dictó sentencia declarando con lugar la demanda. Arteaga
Solórzano interpuso recurso de apelación, el cual fue negado por la Sala
de lo Civil de la Corte Provincial de Manabí el 29 de octubre de 2019,
confirmando la sentencia de primera instancia. Posteriormente, el 27 de
noviembre de 2019, se dictó un auto negando el recurso de aclaración
interpuesto por el accionante. Finalmente, el 20 de diciembre de 2019,
Arteaga Solórzano presentó la acción extraordinaria de protección. Según
la Corte Constitucional, el recurso ordinario que debió haber agotado
antes de la acción extraordinaria de protección fue el recurso de
casación, tal como se desprende del análisis del artículo 2 de la Ley de
Casación.
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¿Cuál fue la decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional
respecto a la acción extraordinaria de protección N°. 2191-21-EP y qué
implicaciones tiene esta resolución según la LOGJCC?
sentences:
- >-
Juan Fernando Cabrera Herrera, en su acción por incumplimiento No.
46-20-AN contra BanEcuador, invocó como fundamento jurídico el artículo
81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que consagra la
estabilidad de los servidores públicos. Adicionalmente, citó la
disposición transitoria décimo primera del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Servicio Público (RGLOSEP), relativa a los servidores de
carrera, el numeral 8, inciso segundo, del Mandato Constituyente No. 2
sobre remuneración máxima en el sector público y las indemnizaciones, y
el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE),
que reconoce los derechos de los servidores públicos. Su pretensión
principal se centró en que la entidad accionada, BanEcuador, al no
haberle cancelado valor alguno por la estabilidad adquirida tras 20 años
de servicio, y al emitir acciones de personal sin la debida motivación y
vulnerando el debido proceso, incumplió estas disposiciones, afectando
sus derechos irrenunciables como servidor público de carrera.
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso N°
0012-18-IN, avoca conocimiento de la acción de inconstitucionalidad
presentada por Carlos Eloy Mosquera contra la Disposición General
Segunda de la Constitución de la República del Ecuador. La demanda se
fundamenta en dos cargos: inconstitucionalidad por la forma, debido a la
supuesta inexistencia de un dictamen previo de constitucionalidad, y por
el fondo, argumentando que la reforma sobre reelección de autoridades
restringe derechos constitucionales de participación política. El
tribunal analizó la competencia de la Corte para ejercer control
constitucional de reformas y enmiendas, conforme a los artículos 75,
literal b), y 443 de la Constitución. Respecto al primer cargo, se
determinó que, si bien el dictamen sobre la convocatoria a referéndum
del 4 de febrero de 2018 fue presunto debido a la omisión de la anterior
Corte Constitucional dentro del término de veinte días establecido en el
artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, este surte efectos jurídicos como un pronunciamiento
favorable. Por lo tanto, el primer cargo fue rechazado según el artículo
84, numeral 1, de dicha ley. En cuanto al segundo cargo, la Corte se
declaró competente para realizar un control expost y de fondo sobre la
posible regresión de derechos fundamentales, como la restricción a la
reelección, que implicaría la vigencia de la Disposición General
Segunda, ya que un dictamen ficto no puede dejar sin control violaciones
a los límites materiales de las vías de modificación constitucional.
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los
jueces Karla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce y Agustín Grijalva
Jiménez, resolvió inadmitir a trámite la acción extraordinaria de
protección N°. 2191-21-EP. Esta decisión se basó principalmente en la
extemporaneidad de la presentación de la acción, ya que superó el plazo
de veinte días establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) desde la
emisión del auto de sobreseimiento. Según el antepenúltimo inciso del
artículo 62 de la LOGJCC, esta resolución de inadmisión no es
susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria, lo que significa que
la decisión es final y no puede ser apelada, procediendo al archivo de
la causa y devolución al juzgado de origen.
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¿Qué tipo de actos y contratos, según la Ordenanza reformatoria del Cantón
24 de Mayo, tienen un valor fijo de treinta dólares para su registro en el
Registro de la Propiedad, y cuáles son gratuitos?
sentences:
- >-
Según la Ordenanza reformatoria del Cantón 24 de Mayo, los actos y
contratos que tienen un valor fijo de treinta dólares para su registro
en el Registro de la Propiedad incluyen la domiciliación, disolución y
liquidación de compañías, reforma y codificación de estatutos, cambio de
domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el Ecuador
o en el extranjero, y cancelación de permisos de operación.
Adicionalmente, los actos y contratos de cuota indeterminada, como
hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones y rectificaciones, también
tienen una tarifa de treinta dólares. Por otro lado, las aclaraciones de
homónimos de imputados o acusados en procesos penales y la inscripción
de demandas ordenadas judicialmente son gratuitas, al igual que la
inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en
procesos penales de acción pública y en causas de alimentos.
- >-
La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección
No. 0869-09-EP, presentada por Guillermo Antonio Quezada Terán en
representación de la Compañía de Economía Mixta de Agua Potable,
Alcantarillado y Aseo de Machala TRIPLEORO CEM, contra la sentencia
emitida por la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional
de Justicia el 7 de octubre de 2009. La inadmisibilidad se fundamentó en
que la demanda carecía de una debida argumentación sobre los derechos
constitucionales supuestamente vulnerados y no justificaba la relevancia
constitucional del conflicto planteado. El accionante centraba su
argumento en evidenciar la improcedencia y el error de la sentencia, al
considerar que se atentaba contra los intereses económicos de su
representada y del pueblo de Machala al imponerles el pago de valores
que, según él, no les correspondían. Este planteamiento, que se enfoca
en la legalidad de la sentencia y no en una vulneración constitucional
clara, no es materia de dilucidación para la Corte Constitucional.
Adicionalmente, se observó una falta de precisión en la identificación
del acto impugnado, ya que la demanda inicialmente se dirigía contra la
sentencia de la Corte Nacional de Justicia, pero en la pretensión se
solicitaba la nulidad de todo lo actuado en el juicio laboral No.
15-2006, a partir de la sentencia del Juez Primero Ocasional del Trabajo
de El Oro. Esta inconsistencia contraviene los numerales 2 y 3 del
artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, que establecen requisitos de admisibilidad para este
tipo de acciones.
- >-
La inadmisibilidad de la acción extraordinaria de protección en la causa
Nº. 854-21-EP se sustentó en el incumplimiento de varios artículos de la
LOGJCC. Específicamente, el párrafo 15 de la decisión indica que la
demanda incumplió los requisitos de los numerales 1, 2 y 8 del artículo
62, además de incurrir en la causal 4 del mismo artículo. El numeral 1
exige un argumento claro sobre el derecho violado y su relación directa
con la acción u omisión de la autoridad judicial, independientemente de
los hechos del proceso. Los numerales 2 y 8 se refieren a la relevancia
constitucional de la demanda. La causal 4 prohíbe que el fundamento de
la acción se base en la falta de aplicación o errónea aplicación de la
ley, criterio que la Sala aplicó a los argumentos de la accionante sobre
los artículos 258 y 260 del COGEP, señalando que la Corte no revisa
errores en la interpretación de normas infraconstitucionales.
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¿Qué normativa constitucional y legal fundamentó la decisión de la Sala de
Admisión de la Corte Constitucional para admitir la acción extraordinaria
de protección N° 1259-11-EP?
sentences:
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso N°.
2544-17-EP, inadmitió la acción extraordinaria de protección interpuesta
por Mariana Lucia Paredes Serrano debido al incumplimiento de requisitos
de admisibilidad esenciales establecidos en el artículo 62 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
(LOGJCC). Específicamente, la Sala determinó que la accionante no aportó
argumento alguno que justificara la relevancia constitucional del
problema jurídico planteado ni de su pretensión, tal como lo exige el
numeral 2 de dicho artículo. Adicionalmente, se concluyó que el
fundamento de la acción se limitaba a la consideración de que la
sentencia impugnada era injusta o equivocada y a la alegación de una
errónea aplicación de la ley, extremos contemplados en los numerales 3 y
4 del artículo 62. La Corte enfatizó que su revisión se circunscribe a
la posible vulneración de derechos constitucionales, y no a la
apreciación sobre la corrección de la aplicación del derecho ordinario o
la valoración de hechos, lo cual impidió la admisión de la acción por no
cumplir con los criterios de excepcionalidad y estricta interpretación
requeridos.
- >-
La Corte Constitucional podría admitir una Acción Extraordinaria de
Protección si la resolución de segunda instancia, como la emitida por la
Primera Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas
en el caso de José Oswaldo Quimi Bohórquez, incurre en una violación
flagrante de derechos constitucionales y el debido proceso. Esto incluye
la falta de motivación, la incongruencia, la arbitrariedad o la
irrazonabilidad del fallo, que vulneren derechos como la tutela judicial
efectiva (Art. 75 CRE), la seguridad jurídica (Art. 82 CRE) o la
estabilidad laboral. La Corte examinaría si la vía judicial ordinaria
fue inadecuada o ineficaz para proteger los derechos del accionante, tal
como lo establece el artículo 42 de la LOGJCC, y si la resolución
judicial de instancia inferior contraviene la supremacía de la
Constitución (Art. 424 CRE) o restringe el contenido de los derechos
garantizados (Art. 11 CRE).
- >-
La decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional para
admitir la acción extraordinaria de protección N° 1259-11-EP se
fundamentó en diversas disposiciones constitucionales y legales. En
primer lugar, se invocó el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que establece la
competencia de la Sala para avocar conocimiento de las causas. Además,
se hizo referencia al artículo 10 de la Constitución, que reconoce a las
personas y colectivos como titulares de derechos, y al numeral 1 del
artículo 86 ibídem, que permite a cualquier persona proponer acciones
jurisdiccionales. Un punto crucial fue el artículo 437 de la
Constitución, el cual determina que la acción extraordinaria de
protección procede contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, siempre que el recurrente demuestre la
violación del debido proceso u otros derechos constitucionales. En
concordancia con esto, se citó el artículo 58 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que define
el objeto de la acción extraordinaria de protección como la salvaguarda
de derechos constitucionales y del debido proceso en resoluciones
judiciales firmes. Finalmente, se aplicaron los artículos 61 y 62 de la
LOGJCC, que prevén los requisitos para la admisibilidad de dicha acción,
y el artículo 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, que regula el procedimiento de
admisión.
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BGE-M3 Legal Spanish (Fine-tuned)
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'La decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional para admitir la acción extraordinaria de protección N° 1259-11-EP se fundamentó en diversas disposiciones constitucionales y legales. En primer lugar, se invocó el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que establece la competencia de la Sala para avocar conocimiento de las causas. Además, se hizo referencia al artículo 10 de la Constitución, que reconoce a las personas y colectivos como titulares de derechos, y al numeral 1 del artículo 86 ibídem, que permite a cualquier persona proponer acciones jurisdiccionales. Un punto crucial fue el artículo 437 de la Constitución, el cual determina que la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, siempre que el recurrente demuestre la violación del debido proceso u otros derechos constitucionales. En concordancia con esto, se citó el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que define el objeto de la acción extraordinaria de protección como la salvaguarda de derechos constitucionales y del debido proceso en resoluciones judiciales firmes. Finalmente, se aplicaron los artículos 61 y 62 de la LOGJCC, que prevén los requisitos para la admisibilidad de dicha acción, y el artículo 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que regula el procedimiento de admisión.',
'La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso N°. 2544-17-EP, inadmitió la acción extraordinaria de protección interpuesta por Mariana Lucia Paredes Serrano debido al incumplimiento de requisitos de admisibilidad esenciales establecidos en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Específicamente, la Sala determinó que la accionante no aportó argumento alguno que justificara la relevancia constitucional del problema jurídico planteado ni de su pretensión, tal como lo exige el numeral 2 de dicho artículo. Adicionalmente, se concluyó que el fundamento de la acción se limitaba a la consideración de que la sentencia impugnada era injusta o equivocada y a la alegación de una errónea aplicación de la ley, extremos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 62. La Corte enfatizó que su revisión se circunscribe a la posible vulneración de derechos constitucionales, y no a la apreciación sobre la corrección de la aplicación del derecho ordinario o la valoración de hechos, lo cual impidió la admisión de la acción por no cumplir con los criterios de excepcionalidad y estricta interpretación requeridos.',
'La Corte Constitucional podría admitir una Acción Extraordinaria de Protección si la resolución de segunda instancia, como la emitida por la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el caso de José Oswaldo Quimi Bohórquez, incurre en una violación flagrante de derechos constitucionales y el debido proceso. Esto incluye la falta de motivación, la incongruencia, la arbitrariedad o la irrazonabilidad del fallo, que vulneren derechos como la tutela judicial efectiva (Art. 75 CRE), la seguridad jurídica (Art. 82 CRE) o la estabilidad laboral. La Corte examinaría si la vía judicial ordinaria fue inadecuada o ineficaz para proteger los derechos del accionante, tal como lo establece el artículo 42 de la LOGJCC, y si la resolución judicial de instancia inferior contraviene la supremacía de la Constitución (Art. 424 CRE) o restringe el contenido de los derechos garantizados (Art. 11 CRE).',
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query pos ¿Qué derechos constitucionales específicos se alegan vulnerados en la acción extraordinaria de protección presentada por la Agencia de Viajes y Turismo Wanderjhar del Ecuador S.A. contra las resoluciones de la Corte Nacional y Provincial de Justicia?
En la acción extraordinaria de protección interpuesta por la Agencia de Viajes y Turismo Wanderjhar del Ecuador S.A., se alegan vulnerados varios derechos constitucionales específicos. Entre ellos se mencionan la aplicación directa e inmediata de la Constitución (Art. 11, numeral 3), la aplicación e interpretación que favorezca la vigencia de la norma constitucional (Art. 11, numeral 5), el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita (Art. 75), el derecho al debido proceso (Art. 76, numeral 1), el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82), el principio de motivación y congruencia (Art. 76, literal i), el principio de jerarquía y prevalencia de la Constitución (Art. 424 y 425), y el reconocimiento del arbitraje y la mediación como medios alternativos de solución de conflictos (Art. 190). La argumentación se centra en que las decisiones judiciales ordinarias desconocieron la cláusula arbitral pactada, violando así estos derechos fundamentales.
¿En qué fecha y bajo qué número de causa se dictó la sentencia que Hugo Eduardo Pérez Pacheco busca impugnar mediante una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional?
La sentencia que Hugo Eduardo Pérez Pacheco busca impugnar fue dictada el 02 de Julio del 2014 a las 16h55, y fue notificada el 07 de julio del 2014, dentro de la Causa No 1972-12. El Sr. Pérez Pacheco, en calidad de ex trabajador de la Mutualista Benalcázar en liquidación, considera que dicha resolución de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia viola el debido proceso y sus derechos constitucionales y laborales. Específicamente, alega que se le negó el pago completo de la jubilación patronal global que le correspondía, a diferencia de otros ex compañeros de trabajo. La acción se fundamenta en los artículos 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, buscando la protección de sus derechos fundamentales ante la máxima instancia constitucional del país, dado que la sentencia de la Corte Nacional es inapelable.
¿Qué tipo de personalidad jurídica se concedió a la Sociedad de Especialidades Clínicas Santo Domingo “SOEC.SD” y cuál es su domicilio, según el Acuerdo Ministerial Nro. 00000091 del Ministerio de Salud Pública?
El Acuerdo Ministerial Nro. 00000091 del Ministerio de Salud Pública concedió personalidad jurídica y aprobó el estatuto de la Sociedad de Especialidades Clínicas Santo Domingo “SOEC.SD”. La organización tiene su domicilio establecido en la ciudad de Santo Domingo, provincia del Santo Domingo de los Tsáchilas. La concesión de esta personalidad jurídica se realizó en ejercicio de las atribuciones delegadas al Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, y la sociedad deberá cumplir con las obligaciones estipuladas en el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas.
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