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¿Cuál fue la decisión final de la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional respecto a la acción extraordinaria de protección N°.
3349-18-EP y cuál es la implicación de dicha decisión según la ley?
sentences:
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió INADMITIR a
trámite la acción extraordinaria de protección signada con el No.
3349-18-EP. Según lo dispuesto en el antepenúltimo inciso del artículo
62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, esta decisión de inadmisión no es susceptible de recurso
alguno y, por lo tanto, causa ejecutoria. En consecuencia, se procedió a
notificar el auto y a archivar la causa, sin que el fondo del asunto
pueda ser revisado por la Corte Constitucional.
- >-
La Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de
protección N°. 0844-19-EP porque el fundamento de la demanda se
sustentaba en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley,
específicamente en la interpretación de los requisitos para la
interposición del recurso de casación. El tribunal consideró que el
accionante pretendía que la Corte Constitucional verificara la
observancia de normativa infraconstitucional, lo cual corresponde a la
justicia ordinaria y no es el objeto de la acción extraordinaria de
protección. Según el artículo 62, numeral 4 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), este tipo
de fundamento desnaturaliza la acción. La Sala de Admisión, al advertir
esta situación, resolvió inadmitir la causa, determinando que la
decisión era definitiva e inapelable conforme al artículo 440 de la
Constitución.
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto de 20 de
junio de 2019, resolvió negar el pedido de revocatoria presentado el 20
de mayo de 2019 por el señor Franklin Bayardo Guangaje Panches. Esta
decisión confirmó lo previamente dispuesto en los autos de 3 de abril y
2 de mayo de 2019, los cuales habían inadmitido a trámite la acción
extraordinaria de protección y negado la primera solicitud de
revocatoria, respectivamente. Adicionalmente, la Sala conminó al
accionante a litigar bajo los principios de buena fe y lealtad procesal,
a acatar las disposiciones de las autoridades competentes y a cumplir
con el ordenamiento jurídico, amparándose en lo establecido en los
artículos 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y los artículos 26 y 130, numeral 9, del Código Orgánico
de la Función Judicial. Finalmente, se dispuso notificar el auto,
archivar la causa y devolver el proceso de origen.
- source_sentence: >-
¿Cuál fue la decisión final de la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional respecto a la acción extraordinaria de protección No.
3263-18-EP, y qué implicaciones tiene dicha resolución en cuanto a la
posibilidad de recurrirla?
sentences:
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, tras analizar la demanda
y los requisitos de admisibilidad en el caso No. 3263-18-EP, resolvió
INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección interpuesta
por Carmen María Garrido Salazar. Esta decisión se fundamentó en el
incumplimiento de las causales de inadmisibilidad establecidas en el
artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (LOGJCC), específicamente la falta de un argumento claro
sobre el derecho violado y su relación directa con la acción judicial,
así como el fundamento de la acción en la supuesta errónea aplicación de
la ley. En consecuencia, la Sala dispuso notificar el auto, archivar la
causa y devolver el proceso al juzgado de origen. La resolución emitida
por la Sala de Admisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
62 de la LOGJCC y el artículo 23 de la Codificación del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, no
es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria, lo que significa
que la decisión es definitiva, vinculante y no puede ser impugnada
posteriormente ante ninguna otra instancia, concluyendo así el
conocimiento de la Corte sobre este asunto.
- >-
La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección
No. 0597-10-EP debido a que el accionante, Filemón Alberto Trujillo
Macías, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 62 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Específicamente, no demostró con argumentación clara el derecho violado
ni justificó la relevancia constitucional del problema jurídico y de la
pretensión. Además, la Corte determinó que la sentencia recurrida era
anterior a la vigencia de la Constitución de la República,
contraviniendo la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Sala de Admisión
concluyó que la pretensión jurídica no se ajustaba a los requisitos de
esta acción excepcional, la cual no debe basarse únicamente en
consideraciones de injusticia o error en la sentencia, ni en la falta de
aplicación o errónea aplicación de la ley.
- >-
La Corte Constitucional, en el caso 0200-11-EP, admite una acción
extraordinaria de protección cuando se cumplen requisitos formales y
sustantivos específicos. Según el artículo 437 de la Constitución, este
recurso procede contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con
fuerza de sentencia, siempre que se trate de resoluciones firmes o
ejecutoriadas. Crucialmente, el recurrente debe demostrar que durante el
juzgamiento se violó, por acción u omisión, el debido proceso u otros
derechos reconocidos en la Constitución. El artículo 62 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional detalla
que la demanda debe fundamentarse en la violación de derechos
constitucionales, y no meramente en la apreciación de la prueba por
parte del juzgador. En este caso particular, la Sala de Admisión de la
Corte Constitucional determinó que el accionante no argumentó de manera
clara los derechos vulnerados ni la relación directa e inmediata con la
autoridad judicial, limitándose a narrar hechos y pretender una revisión
de la jurisprudencia aplicada por la Sala de Casación, lo cual excede
las atribuciones de la Corte Constitucional.
- source_sentence: >-
¿En qué circunstancias la Corte Constitucional inadmitió la acción
extraordinaria de protección N°. 0706-19-EP interpuesta por Verónica
Nataly Chicaiza Chicaiza contra los autos de archivo y negativa de
revocatoria de una investigación penal?
sentences:
- >-
La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección
No. 0565-09-EP porque la accionante, Rosa Elena López Aguilar, no
cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en la
normativa constitucional y en las Reglas de Procedimiento para el
Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período
de Transición. Específicamente, la accionante no mencionó de manera
concreta cuál era la actuación judicial con carácter de auto definitivo
o sentencia que impugnaba, ni justificó la violación de derechos
constitucionales. Además, la acción se presentó contra un particular (su
hermano), cuando la acción extraordinaria de protección está destinada a
vigilar el cumplimiento de derechos constitucionales en las actuaciones
de quienes ejercen potestad jurisdiccional en la justicia ordinaria, no
contra particulares. Por lo tanto, la Sala de Admisión determinó que la
demanda no cumplía con los requisitos formales y de fondo para su
trámite.
- >-
Lino Zenen Barahona Barahona fue declarado penalmente responsable en
calidad de autor directo del delito de violencia psicológica contra la
mujer. La tipificación específica de este delito se encuentra en el
numeral 3 del artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En
cuanto a la sanción, el tribunal de garantías penales con sede en el
cantón Milagro le impuso una pena privativa de la libertad de un año.
Esta sentencia de primera instancia fue emitida el 15 de julio de 2016.
- >-
La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección
N°. 0706-19-EP, presentada por Verónica Nataly Chicaiza Chicaiza, debido
a que la acción se dirigía contra autos que no tenían el carácter de
definitivos. Específicamente, se trataba del auto que ordenó el archivo
de una investigación previa y de la resolución que negó la revocatoria
de dicho auto. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción extraordinaria de
protección procede contra sentencias o autos definitivos que violen
derechos constitucionales. El auto de archivo de una investigación
previa, conforme al artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal, no
es una decisión final, ya que el fiscal puede solicitar su reapertura si
surgen nuevos elementos. Por lo tanto, al no cumplirse el requisito de
que la acción se interponga contra una resolución definitiva, la Corte
Constitucional determinó su incompetencia para tramitar el caso.
- source_sentence: >-
¿Cuál fue la razón principal por la que la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección N°.
2398-19-EP presentada por Juan Cornelio Valencia Pérez?
sentences:
- >-
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió la acción
extraordinaria de protección N°. 2398-19-EP, presentada por Juan
Cornelio Valencia Pérez, debido a que la demanda incumplía el requisito
de que el fundamento de la acción no se agotara solamente en lo injusto
o equivocado de la sentencia, conforme lo estipula el numeral 3 del
artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Específicamente, el accionante basaba su inconformidad
en el razonamiento y la decisión de los jueces del Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo que declararon la caducidad del derecho
para reclamar la responsabilidad objetiva del Estado. La Corte enfatizó
que la acción extraordinaria de protección tiene como objeto garantizar
la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en
autos definitivos, pero no actúa como una instancia adicional para
revisar la apreciación de hechos, pruebas o derecho ordinario por parte
de los jueces.
- >-
La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección
N°. 2623-19-EP, presentada por Julián Andrés Neumann Viteri, debido a
que el fundamento de la acción no se sustentaba en la vulneración de
derechos constitucionales con una relación causal clara e inmediata con
el accionar de la autoridad judicial. Específicamente, se determinó que
los reparos del accionante se centraban en la supuesta errónea
aplicación del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal y en la
inconformidad con la valoración de las pruebas por parte de la Sala
Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia. Según el numeral 1 del artículo 62 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
(LOGJCC), la acción debe contener un argumento claro sobre el derecho
violado y su relación con la autoridad judicial, independientemente de
los hechos del proceso penal. Asimismo, las causales 4 y 5 del mismo
artículo establecen que no son admisibles las acciones cuyo fundamento
se base en la falta o errónea aplicación de la ley, o en la apreciación
de la prueba por parte del juzgador. Por estas razones, la acción fue
inadmitida.
- >-
La Corte Constitucional del Ecuador inadmitió a trámite la acción
extraordinaria de protección N° 1897-19-EP, presentada por el señor
Segundo Luis Aurelio Contreras Urgiles, debido a que el accionante
incumplió una condición de admisibilidad fundamental. Específicamente,
el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional exige la existencia de un
argumento claro que relacione la vulneración de un derecho con la
actuación judicial impugnada. En este caso, si bien el señor Contreras
Urgiles impugnó el auto de 5 de junio de 2019 emitido por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo, no atribuyó a dicho auto la
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, debido
proceso (garantía de motivación) y seguridad jurídica que alegaba. La
demanda se centraba reiteradamente en las actuaciones previas del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y en un acto administrativo de
esta entidad, pero no estableció un nexo directo e inmediato entre el
auto judicial y las supuestas violaciones constitucionales. Por esta
razón, la Sala de Admisión, al no encontrar la debida fundamentación en
la conexión entre la actuación judicial y los derechos vulnerados,
procedió a la inadmisión de la causa.
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¿En qué fecha y ante qué instancia judicial se presentó originalmente la
demanda de acción de protección por parte de Martha Luzmila Mayta Zapata y
Angelito González Medina contra el Ministerio de Inclusión Económica, y
cuáles fueron los memorandos impugnados?
sentences:
- >-
La demanda de acción de protección por parte de Martha Luzmila Mayta
Zapata y Angelito González Medina contra el Ministerio de Inclusión
Económica se presentó el 11 de marzo de 2019. La instancia judicial ante
la cual se interpuso fue la Unidad Judicial Multicompetente Penal de
Zamora. En su demanda, los accionantes impugnaron específicamente los
memorandos MIES-CZ-7-2019-1422-M y MIES-CZ-7-2019-1423-M. Estos
memorandos fueron la base para que el Ministerio de Inclusión Económica
diera por terminada unilateralmente la relación laboral que mantenían
los señores Mayta Zapata y González Medina con dicha entidad.
- >-
La pretensión específica de Isauro Apolo López Feijo al presentar la
acción por incumplimiento No. 0060-09-AN ante la Corte Constitucional
era obtener el cumplimiento efectivo de la Resolución No. 0263-07-RA,
emitida por la Tercera Sala del ex Tribunal Constitucional.
Concretamente, solicitaba que la Corte ordenara a la autoridad
correspondiente su restitución al cargo de Inspector Agropecuario
profesional 1 en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad
del Agro "AGROCALIDAD", la emisión de la acción de personal y el
respectivo nombramiento desde la fecha en que fue apartado de la
institución, y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.
- >-
La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección
No. 1331-11-EP, presentada por César Regalado Iglesias, Gerente General
de la CNT EP, debido a que la pretensión jurídica del accionante no se
ajustaba a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. Específicamente, la Sala de
Admisión determinó que no se cumplían los presupuestos del artículo 62,
numerales 3 y 8 de dicha ley. El numeral 3 establece que el fundamento
de la acción no debe agotarse únicamente en la consideración de lo
injusto o equivocado de la sentencia. El numeral 8 indica que la
admisión del recurso extraordinario de protección debe permitir
solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes
judiciales, corregir la inobservancia de precedentes de la Corte
Constitucional o sentenciar sobre asuntos de relevancia nacional. En
este caso, la pretensión del accionante era dejar sin efecto la
sentencia de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial del Guayas, lo cual implicaba someter a debate constitucional
aspectos ya analizados en el proceso de acción de protección, sin
demostrar una violación grave de derechos o la necesidad de establecer
un precedente.
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'La demanda de acción de protección por parte de Martha Luzmila Mayta Zapata y Angelito González Medina contra el Ministerio de Inclusión Económica se presentó el 11 de marzo de 2019. La instancia judicial ante la cual se interpuso fue la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Zamora. En su demanda, los accionantes impugnaron específicamente los memorandos MIES-CZ-7-2019-1422-M y MIES-CZ-7-2019-1423-M. Estos memorandos fueron la base para que el Ministerio de Inclusión Económica diera por terminada unilateralmente la relación laboral que mantenían los señores Mayta Zapata y González Medina con dicha entidad.',
'La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección No. 1331-11-EP, presentada por César Regalado Iglesias, Gerente General de la CNT EP, debido a que la pretensión jurídica del accionante no se ajustaba a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Específicamente, la Sala de Admisión determinó que no se cumplían los presupuestos del artículo 62, numerales 3 y 8 de dicha ley. El numeral 3 establece que el fundamento de la acción no debe agotarse únicamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia. El numeral 8 indica que la admisión del recurso extraordinario de protección debe permitir solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes de la Corte Constitucional o sentenciar sobre asuntos de relevancia nacional. En este caso, la pretensión del accionante era dejar sin efecto la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, lo cual implicaba someter a debate constitucional aspectos ya analizados en el proceso de acción de protección, sin demostrar una violación grave de derechos o la necesidad de establecer un precedente.',
'La pretensión específica de Isauro Apolo López Feijo al presentar la acción por incumplimiento No. 0060-09-AN ante la Corte Constitucional era obtener el cumplimiento efectivo de la Resolución No. 0263-07-RA, emitida por la Tercera Sala del ex Tribunal Constitucional. Concretamente, solicitaba que la Corte ordenara a la autoridad correspondiente su restitución al cargo de Inspector Agropecuario profesional 1 en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro "AGROCALIDAD", la emisión de la acción de personal y el respectivo nombramiento desde la fecha en que fue apartado de la institución, y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.',
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La Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección N° 2850-19-EP debido a que los accionantes no presentaron un argumento claro sobre los derechos supuestamente violados ni la relación directa e inmediata, por acción u omisión, de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas con dicha vulneración. Esta omisión constituye la causal de inadmisión establecida en el artículo 62, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que exige un argumento claro sobre el derecho violado y su nexo directo con la actuación de la autoridad judicial. Específicamente, el párrafo 10 del documento indica que los accionantes vierten sus argumentos respecto a la Resolución del Consejo de Disciplina No. 001-2018, sancionándolos por una falta militar, pero no establecen de forma precisa cómo la sentencia de la Corte Provincial de Esmeraldas del 12 de agosto de 2019 vulneró sus derechos constitucionales.
¿Por qué la Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 3090-19-EP presentada por José Antonio Guzñay contra la sentencia de la Corte Provincial de Zamora?
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 3090-19-EP, presentada por el señor José Antonio Guzñay, debido a que el accionante incumplió el requisito establecido en el artículo 62, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este precepto exige que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con la vulneración alegada. En el caso concreto, el señor Guzñay, si bien impugnaba la sentencia emitida por la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora del 02 de octubre de 2019, no expuso argumentos claros y directos sobre la actuación específica de los jueces de dicha Sala y cómo esta se relacionaba con la presunta vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica. En su lugar, la demanda se centró en argumentar que la decisió...
¿Cuál fue la controversia principal en el caso N°. 3090-19-EP y cómo evolucionaron las decisiones judiciales en las instancias inferiores antes de llegar a la Corte Constitucional?
La controversia principal en el caso N°. 3090-19-EP radicó en la terminación unilateral del contrato de trabajo indefinido del señor José Antonio Guzñay por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Centinela del Cóndor. El accionante alegó que esta decisión, notificada mediante oficio N° 109-SG-GADCCC-2019, vulneró sus derechos constitucionales al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Inicialmente, la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Centinela del Cóndor, mediante sentencia del 29 de agosto de 2019, declaró la vulneración de estos derechos, ordenando la restitución inmediata del accionante a su labor y el pago de los haberes dejados de percibir. Sin embargo, esta decisión fue apelada por el Alcalde y Procurador Síndico del GAD Municipal. La Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora, al conocer el recurso de apelación, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la acción de protección por improceden...
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query pos ¿Sobre qué inmueble se declaró el derecho de dominio a favor del Señor Diomedes Hernán Santana Delgado en el juicio ordinario de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio No. 892-2009, y qué instancia judicial confirmó esta decisión antes de llegar a la Corte Constitucional?
El derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en la Urbanización Umiña II fue declarado a favor del Señor Diomedes Hernán Santana Delgado en el juicio ordinario de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio No. 892-2009. La sentencia dictada por el Juez de Primer Nivel, que acogió la demanda y declaró el derecho de dominio, fue posteriormente confirmada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí mediante sentencia de 4 de agosto de 2009. Esta decisión de la Corte Provincial fue la que, a su vez, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia resolvió no casar en su sentencia de 31 de mayo de 2011, dentro del mismo proceso.
¿Cuál fue la decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional respecto a la acción extraordinaria de protección No. 1224-11-EP presentada por Freddy Aníbal Bastidas Serrano en contra de una sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos?
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces Ruth Seni Pinoargote, Edgar Zarate Zarate y Hernando Morales Vinueza, avocó conocimiento de la causa No. 1224-11-EP. Esta acción extraordinaria de protección fue presentada por Freddy Aníbal Bastidas Serrano, actuando como Procurador Judicial de los Empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, contra una sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos el 16 de junio de 2011. La sentencia de la Corte Provincial revocó la decisión de primera instancia que había aceptado una acción de protección, la cual beneficiaba a los empleados en relación con el pago de la diferencia de fondos de reserva de los años 2004, 2005, 2006 y 2007. El accionante alegaba la vulneración de sus derechos a la igualdad formal, material y no discriminatoria, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 66 numeral 4...
¿Qué derechos fundamentales alegó Robin Marcelo Espinoza Salas que fueron vulnerados por el auto que inadmitió su recurso de casación, y cuál fue la pretensión principal inferida de su demanda?
Robin Marcelo Espinoza Salas, en su acción extraordinaria de protección N° 2933-18-EP, alegó la vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, y al debido proceso, específicamente en la garantía de asegurar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, reconocido en el numeral 1 del artículo 76 de la misma Carta Magna. La pretensión principal, inferida de la lectura integral de su demanda, radicaba en que la Corte Constitucional declarara la existencia de dichas vulneraciones por parte del auto que inadmitió su recurso de casación, argumentando que la decisión se basó en cargas procesales y no en un análisis de fondo de las posibles infracciones legales.
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